La porción política independentista de la esfera política catalana se encuentra en pleno proceso para la presentación del referéndum, a pesar de las contiendas internas y del ambiente de suspenso que se mantiene entre los ciudadanos.
Por un lado, parece que la gran mayoría de los ciudadanos votarían negativamente por la independencia (según una encuesta realizada la semana pasada) debido a que tal acción provocaría la salida de Cataluña de la Unión Europea.
Como si esto fuera poco, la validez del referéndum de secesión sería válido únicamente si la ONU la reconoce como legítima, por lo que los independentistas tienen un obstáculo extra que afrontar.
A parte, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lanzado la advertencia de que si se llega a dar el caso de que los soberanistas catalanes aprueben una ley de amparo que avale la declaración de independencia, «al Estado le bastan 24 horas para recurrirla» y obtener su paralización. De esta manera el gobierno español exhibe sus cartas de manera adelantada ante un posible movimiento catalán para hacer «legítima» su independencia.
A pesar de esto, Carles Puigdemont insiste en que este proceso es necesario para reforzar la soberanía y la democracia catalana, por lo que sigue en pie la convocatoria al referéndum para octubre de este año.
